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Martes, 27 de junio del 2017
A Dios sea la gloria.

Carlos Jaramillo Vela

La columna

2017-05-09 - Carlos Jaramillo Vela

"Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo": Voltaire.


  • La discriminación contra periodistas: grave estulticia del gobierno de Corral.

 

El “nuevo amanecer” está resultando ser una calamidad para el periodismo chihuahuense. El resentimiento y la intolerancia mostrados hacia los medios y la libertad de expresión por parte del presente régimen, contraviene los más elementales principios jurídicos, políticos y morales en los que se basa la convivencia de toda sociedad democrática. Ya somos –sí, escribo y digo somos- varias las personas a quienes por ejercer de manera libre, original e independiente nuestro derecho a participar en los medios de comunicación, los emisarios del gobernador Javier Corral nos han tratado de discriminar o reprimir, directa o indirectamente.

 

Es grave el desacierto cometido por la incoherente administración de Javier Corral mediante la recientemente descubierta discriminación oficial –por consigna- contra varios representantes del gremio periodístico. La carencia de oficio político y, peor aún, del elemental razonamiento lógico para prever las repercusiones políticas y sociales que acarrean sus disparatadas acciones, parece ser ya una deficiencia generalizada y sistemática en el desempeño del gobierno corralista. Señalar a los periodistas como “personas non gratas”, y considerarlos -de manera oficial y en un documento membretado con los logotipos e insignias del Gobierno del Estado- como enemigos del taxativo régimen impuesto por el actual inquilino de palacio, constituye una aberrante tiranía política, y una violación a los derechos humanos a la no discriminación y a la libertad de expresión consagrados en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en varios tratados internacionales de los que México es parte.

 

La lista negra de Corral contiene los nombres de casi una veintena de comunicadores de los periódicos Juárez Hoy, El Diario, El Mexicano, y Norte de Ciudad Juárez –ya inexistente-; de las estaciones de radio Radio Net, Calibre 800 y 860 Noticias, así como de las televisoras Televisa, Canal 5 y Canal 44. Por su parte, la constitución local, en su artículo 4, establece:  “En el Estado de Chihuahua, toda persona gozará de los derechos reconocidos en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, celebrados por el Estado Mexicano y en esta Constitución... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra  que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

 

El artículo 28 de la constitución chihuahuense ordena: “El ejercicio del poder público se limita a las facultades expresamente consignadas en esta Constitución, la Federal y las leyes que se expidan de conformidad con las mismas.” No obstante lo ordenado por este precepto, al transcurrir de los días, las semanas y los meses Corral se ha estado extralimitando en el uso de sus facultades y atribuciones, abusando de la benevolencia popular y de la impunidad que le da su investidura. Hay en las recientes publicaciones de los medios de comunicación sólidas y documentadas pruebas de esta actitud, cada vez más notoria ante el escrutinio de propios y extraños –como el activista Jaime García Chávez, quien lo denunció públicamente por su injerencismo-, que debilita a las instituciones. La intervención de Corral Jurado en los casos del TSJ, el ICHITAIP y la ASE, es un ejemplo claro de inobservancia a la división de poderes y la autonomía de las instituciones. Lejos de constreñirse a cumplir sus deberes políticos y sus obligaciones constitucionales legalmente acotados, Javier Corral está actuando, en los hechos, con una conducta que materialmente no corresponde a la de un gobernador, sino a la de un dictador, o un monarca absoluto del Estado. Así, una vez más las evidencias indican que, el tema de la libertad de expresión, como otros tantos, tampoco forma parte del credo ideológico-político de Corral, ni de su agenda.

 

Corral debe entender que el derecho que tenemos todos para disentir y para expresar nuestras opiniones, no solo es jurídica y políticamente válido, sino también humanamente necesario, pues es inherente a las naturales libertades de todos los individuos; por eso es un derecho humano. La equivocada consigna que reza “si no estás conmigo estás contra mí, y eres un obstáculo”, se infiere en modo nítido de la recién descubierta lista negra o relación secreta en la que el gobierno del “nuevo amanecer” inscribió los nombres de los periodistas o medios de comunicación a los que considera como peligrosos o enemigos. ¿Qué sigue, luego de la flagrante discriminación e inquisición cometida por el gobierno panista contra el periodismo de Chihuahua?... ¿la persecución?, ¿Hasta dónde pretende llegar Corral mediante su extralimitada y omnímoda forma de gobernar?

 

Además, de las disquisiciones hasta ahora externadas, resulta pertinente advertir que con su postura de discriminación, odio y desprecio hacia la opinión ajena, Corral y sus nóveles funcionarios apegados a sus directrices están enviando un mensaje público no solo absurdo, sino peligroso, pues ¿Qué garantía de respeto a su seguridad e integridad personal pueden esperar los profesionales de la comunicación, en el ejercicio de su labor periodística, cuando la primera autoridad política del Estado -quien ostenta la representación de las instituciones de la sociedad, así como la obligación de velar por la observancia de las leyes y la seguridad de todos-, tácitamente advierte que son un estorbo los comunicadores y empresas individualmente mencionados en su lista negra?

 

En la fracción V del artículo 93, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que Javier Corral protestó cumplir cuando asumió el cargo de gobernador, se establece como obligación de éste “Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado y por la personal de sus habitantes, protegiéndolos en el uso de sus derechos”. Por tal razón, Constituye una garrafal estulticia, sin lugar a dudas, el más reciente yerro de Corral y su gobierno, ya que omite deliberadamente el cumplimiento de sus deberes éticos, jurídicos y políticos, generando además un ambiente negativo que podría instigar la animadversión y violencia en contra de los periodistas. Por desgracia, la irresponsabilidad, la sinrazón y el desgobierno han venido perturbando el escenario público y el ambiente social en el que los chihuahuenses cotidianamente convivimos.  carlosjaramillovela@yahoo.com.mx



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